Las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), encendieron la controversia tras plantear que el Gobierno debería avanzar en la regularización de más de 180 mil personas migrantes que han sido empadronadas durante la actual administración.

Sus dichos, realizados en el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli), se dieron en medio del debate por la política migratoria y las propuestas del Presidente electo, José Antonio Kast.

En ese espacio, Tohá cuestionó la idea de concretar expulsiones masivas y advirtió que, sin un proceso de regularización, el próximo gobierno podría terminar "expulsando a los inocentes".

Desde el Ejecutivo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los dichos de la exministra, donde aseguró que "no hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas, son procesos largos y por eso siempre tiene que ser algo articulado y conversado, en este caso con la próxima administración".

"Cuando hablamos de procesos de regularización que abarcan meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender o al menos abarcar en este caso a dos administraciones. Por lo tanto, son cosas que tienen que ser articuladas siempre", agregó.

Vallejo finalizó indicando que "esa información al menos ya la va a poder tener a disposición sobre la mesa la próxima administración, para que tomen decisiones respecto a si avanzar completamente en una regularización, o parcialmente, con ciertas prioridades o no. Y por lo tanto, ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa".

Reacciones a dichos de Tohá

La exministra, que también fue precandidata presidencial, puso el acento en la necesidad de proteger a quienes ya han sido registrados por el Estado, generando reacciones encontradas en el mundo político y reabriendo la discusión sobre cómo enfrentar la inmigración irregular en Chile. Desde el Gobierno entrante, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que "sería de mal gusto tomar esa decisión sabiendo que se van el 11 de marzo y que son otros los que deben asumir las consecuencias decisiones improvisadas de última hora".

En esa línea, el diputado y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Cristián Araya (Republicanos), indicó que "sería una canallada escandalosa, no sólo contra el próximo gobierno, sino contra la prosperidad del país. ¿Sabe la señora Tohá si es que todos esos empadronados entregaron su identidad real o si tenían antecedentes en su país natal y mintieron?"

"Queda evidencia que esas supuestas voces moderadas de la izquierda tradicional se sumarán al tren de la izquierda radical, apenas dejen sus funciones en el Estado", agregó. Su compañero de bancada, Agustín Romero (Republicanos), aseveró que "esto es otro amarre más.

Antes de irse, quieren dejar amarrada la inmigración ilegal en Chile. En vez de ordenar la casa, controlar las fronteras y hacer cumplir la ley, optan por regularizar masivamente a quienes entraron fuera de norma".

"Eso no es humanitarismo: es irresponsabilidad. El próximo gobierno fue elegido para recuperar el control migratorio, no para administrar los errores del gobierno saliente",continuó.

El parlamentario Frank Sauerbaum (RN) aseguró que "el llamado de la exministra Tohá es la confirmación de que este gobierno confunde la gestión pública con el activismo.

No podemos premiar a quien ingresa ilegalmente al país con un perdonazo de última hora. No es normal, ni debe serlo, que personas trabajen sin autorización vulnerando nuestra normativa. Este es el verdadero legado de la administración Boric: una cultura de perdonazos y el desprecio por el cumplimiento irrestricto de la ley."

"Regularizar por secretaría a 180 mil personas es un incentivo perverso y un golpe a quienes sí cumplen las reglas. La soberanía de Chile se defiende respetando la ley migratoria, no regalando visas por el simple hecho de haberse empadronado. Chile no soporta más señales de impunidad; el legado de este gobierno no puede ser pasar por encima de la ley para cubrir su fracaso en el control fronterizo", finalizó.

La diputada Marlen Pérez (IND-UDI) se sumó a las críticas, manifestando que "nos parece una vergüenza esta propuesta, faltando semanas para que termine este mal gobierno quieren premiar a todos los inmigrantes que entraron en forma ilegal al país.

Esta propuesta no es viable tanto fáctica, política y jurídica". Johanna Pérez (Demócratas) indicó que "siempre supimos que el gobierno del presidente Boric buscaba, a través del empadronamiento, una regularización encubierta, lo denunciamos, lo dijimos e incluso nosotros en el Congreso estábamos disponibles a revisar lo que es la migración por razones laborales, que pudiéramos también dar un tipo de excepción, pero lo que no vamos a permitir es que se haga de espaldas al Congreso de manera solapada en los últimos días de este gobierno porque las cosas se deben hacer consensuadas".

"La gente eligió un nuevo gobierno y esperamos también no solo legislar con ese gobierno sino también ordenar el país para lograr finalmente claridad en una migración ordenada, regular y segura", agregó. Desde el oficialismo, en tanto, el diputado y presidente de la comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (PR) indicó que "no me parece que debamos regularizar migrantes vía decreto.

Creo que en esta materia debe ser abordada a través de una ley en el Congreso Nacional y adoptar medidas que pueden parecer desesperadas para regularizar migrantes, aunque estén empadronados, puede terminar generando un conflicto innecesario de cara al próximo gobierno".

"Este gobierno ha tenido bastante tiempo para avanzar en la regularización, más allá del empadronamiento, pero claramente pareciera ser que no se toma en serie en esta materia", finalizó.

Dichos de Tohá

La excandidata presidencial señaló que “en este gobierno hicimos un proceso de empadronamiento cuyo objetivo era llamar a las personas que están irregulares en Chile, pero que quieren acercarse al Estado, decir yo estoy aquí y no quieren estar escondidos. Nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca, pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo. Y más de 180 mil personas lo hicieron".

En esa línea, Tohá aseguró que "esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí, las 180 mil con su dirección, su número de documento, todas empadronadas".

"Entonces yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados", continuó.