A pocos días de iniciar su mandato como Presidente de la República el próximo 11 de marzo de 2026, figuras políticas y especialistas en probidad pública han puesto nuevamente bajo la lupa la declaración patrimonial del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist.

La revisión de los registros disponibles en el portal de transparencia y las declaraciones de intereses presentadas ante el Servicio Electoral (Servel) y la Contraloría, muestra que Kast declaró una renta bruta mensual de $3.500.000 y la posesión de diversas propiedades, acciones y sociedades.

Entre los bienes informados, figuran múltiples inmuebles —incluyendo copropiedades en Los Lagos y Puerto Varas— así como participaciones en sociedades dedicadas a la inversión y compraventa de bienes raíces. Además, el presidente electo reportó poseer 597.222 acciones del Banco de Chile.

Controversias por transparencia

Un punto de debate entre expertos en ética pública ha sido la no declaración explícita de la propiedad del Colegio Campanario, un establecimiento educativo en Buin que, según registros públicos y una investigación de medios, pertenece a la Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada —sociedad cuyo capital principal está asociado al patrimonio familiar de Kast.

Esta sociedad, con un aporte de capital que supera los $4.900 millones, administra múltiples bienes raíces, incluidos terrenos adyacentes al colegio, sin que en algunos periodos su vínculo se haya detallado de forma clara en las declaraciones de patrimonio e intereses.

Especialistas consultados por medios señalan que la legislación actual exige a los candidatos públicos informar sobre sus participaciones en empresas, aunque hay distintos criterios sobre cómo deben declararse sociedades controladas a través de otras personas jurídicas.

La importancia del escrutinio

Dado que Kast asumirá la máxima magistratura del país en menos de un mes, organizaciones por la transparencia y la ética pública han enfatizado la importancia de clarificar todos los detalles patrimoniales, especialmente cuando involucran sociedades familiares y bienes de alto valor.

Este escrutinio no solo tiene implicancias legales, sino también políticas, en un contexto en que la ciudadanía exige cada vez mayor claridad sobre posibles conflictos de interés y la gestión de bienes de los gobernantes.