Un total de 135 fiscalizaciones en materias de salud ocupacional ha realizado la Autoridad Sanitaria en la región del Biobío, de enero a mayo del presente año, con el objetivo de cuidar la salud de la población, incidiendo en una disminución de enfermedades profesionales y accidentabilidad laboral.

47 inspecciones radican en el D.S. 594, relativo al Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo; 46 al protocolo psicosocial, orientado a realizar seguimiento a los riesgos psicosociales en el trabajo (obligatorio desde 2015 para todas las empresas); 13 a trastorno músculo esquelético de extremidad superior; 11 por PREXOR, destinado a vigilar la pérdida auditiva por exposición a ruido en lugares de trabajo, disminuyendo la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen laboral; 8 destinado al control de la sílice, 6 por metales y metaloides y 4 para verificar el cumplimiento normativo en materia de plaguicidas. 

“De enero a mayo del presente año hemos ejecutado, a través de nuestro Sub Departamento de Salud Ocupacional, 135 fiscalizaciones orientadas a cuidar la salud laboral de la población, verificando el cumplimiento del Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, así como de protocolos orientados a evitar la exposición a riesgos psicosociales, la pérdida auditiva por exposición a ruido o intoxicaciones por plaguicidas, entre otros problemas que derivan en un incremento de enfermedades profesionales y accidentes laborales.

El proceso de control ha dado origen a 45 sumarios, correspondientes a un tercio de las inspecciones realizadas”, declaró la Seremi (s) de Salud del Biobío, Cecilia Soto Ruiz.

Por provincia, Concepción concentra 76 inspecciones, Arauco 34 y Biobío 25; dando origen a 31, 7 y 7 sumarios sanitarios, respectivamente. 

El trabajo de la Autoridad Sanitaria en materia de salud ocupacional protege el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, crea espacios seguros, contribuye a un entorno laboral más satisfactorio, fortalece la productividad y evita costos económicos derivados de sanciones legales por incumplimientos.