El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile advirtió un “grave retroceso” en la salud mental pública ante los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno, alertando especialmente por sus efectos en la población más vulnerable.

Según el gremio, las medidas —enmarcadas en el ajuste fiscal y el denominado proyecto de reconstrucción nacional— contemplan la eliminación o reducción de programas clave en áreas como atención primaria, acompañamiento psicosocial, prevención del suicidio y consumo de sustancias.

Desde la organización señalaron que estas iniciativas constituyen la base del modelo comunitario de salud mental en Chile, por lo que su eventual desmantelamiento implicaría una caída significativa en la cobertura estatal.

Uno de los puntos más críticos, advierten, es el impacto en niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que han sufrido vulneraciones de derechos, ya que se vería afectada la continuidad de tratamientos y apoyos especializados.

Asimismo, el Colegio manifestó preocupación por la eliminación de programas dirigidos a diversidades de género, calificando la medida como una señal regresiva en materia de derechos.

El gremio también enfatizó la importancia de mantener iniciativas como el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), señalando que su continuidad responde no solo a criterios técnicos, sino también a una obligación ética del Estado.

Si bien reconocen la necesidad de responsabilidad fiscal, advirtieron que recortar en salud mental podría generar mayores costos sociales y económicos a largo plazo, trasladando la carga a las familias y debilitando la red de apoyo comunitaria.

Este debate se da en un contexto donde el ajuste presupuestario podría superar los $300 mil millones, afectando principalmente programas de atención primaria, considerada la primera línea del sistema de salud.