"Una cosa es el gasto social y otra cosa es el fraude social.

No pagar el CAE cuando uno gana $5 millones al mes es un fraude social". La frase, pronunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el 7 de abril, se ha transformado en la consigna que marca el ritmo de una de sus gestiones al frente de Teatinos 120 y que, además, articula la ofensiva del Gobierno contra lo que el secretario de Estado describe como un mal uso sistemático de los beneficios estatales.

En tanto, sus declaraciones ya muestra resultados. De acuerdo con cifras entregadas por la Tesorería General de la República (TGR), las estrategias de cobro implementadas durante 2026 han permitido alcanzar una recaudación total superior a los $20 mil millones.

Solo durante abril se regularizaron más de 7.500 convenios asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), con una recaudación que supera los $8.400 millones.

En paralelo, el segmento de deudores cuyos ingresos superan los $5 millones mensuales ha enterado pagos por $2.400 millones, efectuados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos. A lo anterior se sumó el inicio formal de embargos y retenciones de bienes financieros a deudores del CAE con ingresos sobre los $5 millones.

Qué es el "fraude social"

El concepto, que Quiroz ha repetido en distintas instancias —"el CAE era una política social, pero también un crédito, y el problema es que el Estado dejó de cobrar", planteó en una de ellas—, apunta a un fenómeno que va más allá del crédito universitario.

Así lo explica, la economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, Cecilia Cifuentes, la idea es bastante "autoexplicativa", dice, pues se refiere al mal uso de beneficios financiados con recursos de todos los contribuyentes.

"Es algo que estamos pagando todos de alguna manera y algunas personas hacen mal uso del beneficio", explicó la economista. Cifuentes detalla que el concepto "aplica a las licencias médicas, aplica a la gratuidad, aplica también al no pago del CAE, porque el CAE es un crédito subsidiado", e incluso "a la evasión en el Transantiago" y "a las adulteraciones que se le hacen al Registro Social de Hogares para recibir otros beneficios".

En términos coloquiales, agregó, se trata del fenómeno de "disfrazarse de pobre", es decir, "plantear una situación socioeconómica que no corresponde con la realidad".

El propio Quiroz ha enmarcado la cruzada en una clave ética. "Vamos a recuperar el principio ético: cada lápiz que se toma es plata de todos los chilenos", afirmó en otra intervención pública.

Y al referirse al debate sobre la gratuidad en educación superior, fue tajante: "Cuando alguien con altos ingresos accede a estos beneficios, eso no es gasto social, sino fraude social. Vamos a combatir el fraude social con todas nuestras fuerzas".

Más facultades para el SII

La ofensiva, sin embargo, no se agota en el cobro al CAE. El Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de Reconstrucción, la denominada "ley miscelánea" ingresada la semana pasada al Congreso, una propuesta de cambios normativos orientada a fortalecer las capacidades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) mediante una mayor interoperabilidad con bases de datos públicas.

La iniciativa contempla, en primer término, la potestad del Servicio para requerir, recibir y efectuar cruces de información con bases de datos y registros administrados por cualquier órgano de la Administración del Estado, siempre que sea necesario para la aplicación y control de los tributos.

El proyecto establece, en paralelo, el deber del SII de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, bajo las normas vigentes de secreto y reserva. En segundo lugar, se mandata al Ministerio de Desarrollo Social y a otras entidades que administren el Instrumento de Caracterización Socioeconómica— a entregar al SII la información contenida en él.

El mensaje del proyecto precisa, que el flujo de estos datos "tiene como fin exclusivo permitir una fiscalización más precisa y la correcta aplicación de beneficios o cargas tributarias, manteniendo estrictos estándares de reserva legal sobre la identidad y situación socioeconómica de los contribuyentes".

También se permite que la información sea compartida por el SII con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el ejercicio de sus funciones.