El Gobierno se encuentra analizando una fórmula para retrasar o evitar el impacto inmediato en las cuentas de la luz, en medio de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras eléctricas, la cual supera los 800 millones de dólares.

Según información dada a conocer por autoridades del sector energético, el Ejecutivo busca implementar un mecanismo que permita pagar esta deuda sin traspasar el costo directamente a los usuarios durante este año.

El origen de esta situación se remonta al congelamiento de tarifas aplicado entre 2020 y 2024, lo que generó un desfase en los cobros que ahora debe ser regularizado. Inicialmente, el pago comenzaría a reflejarse en las boletas desde abril, sin embargo, ya fue postergado hasta julio de 2026 para aliviar la carga en los hogares.

En este contexto, el Gobierno trabaja en un mecanismo que permitiría distribuir el impacto en el tiempo o compensarlo con futuras bajas en el sistema eléctrico, evitando así un alza inmediata en las tarifas. “Lo que estamos buscando es una metodología que nos permita no subir las tarifas”, señalaron desde la Subsecretaría de Energía.

Entre las alternativas en análisis, se considera el uso de herramientas como el Mecanismo de Protección al Cliente, el cual expira en 2028, lo que podría generar un margen para equilibrar los costos sin afectar directamente a los consumidores en el corto plazo.

Pese a estos esfuerzos, expertos advierten que, aunque se logre contener el componente de distribución, otros factores como generación y transmisión igualmente podrían generar variaciones en las cuentas de la luz en los próximos meses.

El Ejecutivo espera definir una solución definitiva antes de julio, con el objetivo de entregar mayor certeza a las familias frente a un escenario de alzas en distintos servicios básicos.