La diputada Flor Weisse, integrante de la Unión Demócrata Independiente, presentó un proyecto de ley que autoriza la aplicación de prefijos telefónicos en la identificación de llamadas de cobranza extrajudicial, con el objetivo de mejorar la transparencia y proteger a los usuarios frente al creciente número de comunicaciones no deseadas.

La propuesta surge en un contexto donde Chile se posiciona como uno de los países con mayor cantidad de llamadas spam a nivel mundial, generando molestias y desconfianza en la ciudadanía.

Esta situación ha provocado que muchas personas opten por no contestar números desconocidos, arriesgando la pérdida de información relevante, como citas médicas, oportunidades laborales o emergencias.

“El problema no es la cobranza en sí, sino la falta de claridad respecto de quién está llamando. Hoy las personas reciben múltiples llamadas sin saber su origen, lo que genera incertidumbre y afecta su vida cotidiana”, señaló la diputada Weisse.

El proyecto plantea modificar la Ley General de Telecomunicaciones para establecer expresamente que las comunicaciones de cobranza extrajudicial -realizadas de forma automatizada o masiva- sean consideradas servicios complementarios.

De esta manera, podrán estar sujetas a bloques especiales de numeración definidos por la autoridad, permitiendo su identificación mediante prefijos específicos.

La iniciativa también busca resolver el debate jurídico existente tras recientes pronunciamientos administrativos y judiciales sobre la naturaleza de estas llamadas, aclarando el concepto a nivel legal sin contradecir lo resuelto por los tribunales, sino otorgando mayor certeza normativa.

“Queremos que las personas puedan tomar decisiones informadas al momento de contestar el teléfono.

Este proyecto no prohíbe la cobranza, sino que establece reglas claras para que se realice con transparencia y respeto hacia los usuarios”, agregó la parlamentaria.

Finalmente, la diputada Flor Weisse destacó que esta medida contribuirá a fortalecer la confianza en las comunicaciones telefónicas, mejorar la seguridad de los usuarios y avanzar en estándares más altos de protección frente al uso masivo de servicios de telecomunicaciones.