Tras el reciente anuncio de su nueva agenda de seguridad, el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha centrado sus esfuerzos en 18 proyectos de ley que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional.

La administración busca priorizar estas iniciativas con el objetivo de lograr su aprobación antes de la Navidad, un desafío que requiere la búsqueda de consensos y mayorías amplias, incluso en reformas que requieren cambios constitucionales.

Estrategia legislativa

El Ejecutivo ha puesto el foco en proyectos que ya cuentan con un grado de avance en el Poder Legislativo. Según el detalle, la distribución de estas iniciativas es la siguiente:

• Comisión Mixta (5 proyectos): Esta es la prioridad inmediata del Gobierno, pues son las iniciativas que podrían ver la luz antes de finalizar el año. Entre ellas se encuentran las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la protección de infraestructura crítica, y el perfeccionamiento de la expulsión administrativa de migrantes.

• Segundo trámite (6 proyectos): Incluye medidas impulsadas tanto por la actual administración como por el gobierno anterior, destacando propuestas como la ley "Antiencapuchados" y el control de identidad por parte de las Fuerzas Armadas en estados de excepción.

• Primer trámite (7 proyectos): Proyectos en etapas iniciales, donde se incluye la reciente "Ley corta de seguridad municipal", ingresada apenas el 4 de agosto de este año, además de normativas sobre retención migratoria y juicios orales en ausencia.

Un desafío de mayorías

La agenda de seguridad presentada por el Presidente Kast supone una prueba de fuego para la relación entre La Moneda y el Legislativo. Dado que varios de estos proyectos exigen quórums elevados para su aprobación —incluyendo dos reformas a la Constitución—, el éxito de la estrategia gubernamental dependerá de la capacidad de negociación con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

El Ejecutivo espera que, tras el debate parlamentario, estas 18 herramientas legales permitan fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la actual crisis de seguridad pública, un eje central que ha marcado el despliegue del gobierno durante esta semana.