El Congreso Nacional dio luz verde y despachó a ley el proyecto denominado "Ordenemos la Cuenta", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía para regularizar una histórica deuda acumulada de más de US$ 900 millones con las empresas distribuidoras de electricidad, generada tras los sucesivos retrasos en los procesos tarifarios.

La normativa busca evitar un impacto inmediato en los bolsillos de los hogares chilenos, ya que, de no haberse aprobado, las cuentas de la luz habrían experimentado alzas de hasta un 20% de forma directa y desordenada en distintas regiones del país.

¿Cómo se pagará la deuda?

El núcleo de la ley establece un mecanismo de prorrateo a largo plazo para saldar de forma colectiva el monto adeudado:

• Plazos: El reembolso se llevará a cabo entre los años 2028 y 2035.

• El cobro en las boletas: Se aplicará un recargo aproximado de $5 por kilowatt hora (kWh) en las cuentas mensuales.

• Mitigación del impacto: Desde el Ejecutivo y los legisladores detallaron que para el año 2028 está proyectada una disminución general en las tarifas eléctricas que superará este recargo, lo que absorberá el costo adicional y evitará un incremento real en las finanzas de las familias durante ese periodo.

Extensión del Subsidio Eléctrico y beneficios sociales

Además de regularizar la deuda con las distribuidoras, el nuevo marco legal incorpora importantes medidas de protección social y estabilidad:

• Subsidio eléctrico prorrogado: Se extiende el beneficio estatal del subsidio eléctrico durante todo el año 2027 enfocado en el 40% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH), con una inyección de US$ 120 millones anuales para proteger a unos 2 millones de hogares de las presiones tarifarias.

• Protección a electrodependientes: La ley garantiza un resguardo reforzado para los pacientes electrodependientes, asegurando que el Estado financie el consumo efectivo de energía necesario para el funcionamiento de sus equipos médicos de soporte vital, eliminando las restricciones de topes rígidos previos.

• Ordenamiento de procesos: Se introdujeron modificaciones para corregir los retrasos en los componentes de transmisión y tarificación, fijando además una hoja de ruta para que el sistema opere con mayor transparencia y estabilidad regulatoria de cara a la próxima década.

Con la aprobación de este articulado, el Gobierno zanja una compleja discusión sobre los pasivos eléctricos del sector, logrando un equilibrio entre la compensación financiera a las empresas y la contención del gasto para los consumidores finales.