El Ejecutivo ha dado a conocer una profunda transformación en la estrategia de contratos del sistema de concesiones penitenciarias, con el objetivo de dinamizar la inversión privada y agilizar la ejecución de proyectos en infraestructura carcelaria que suman un total estimado de US$ 2.650 millones.

La nueva hoja de ruta introducida por las autoridades busca corregir los nudos críticos del modelo tradicional mediante pilares fundamentales:

• Incentivos por entrega anticipada: Se incorporan mecanismos de retribución y premios económicos para las empresas privadas que logren finalizar y poner en marcha los recintos penitenciarios antes de los plazos estipulados.

• Nueva distribución de riesgos: El diseño contractual ajusta la balanza en la asunción de riesgos financieros y operativos, buscando mitigar los factores de incertidumbre que históricamente frenaban el interés de los inversionistas.

• Apuesta por la construcción industrializada: Se fomenta e integra el uso de tecnologías de construcción modular e industrializada con el fin de optimizar los tiempos de edificación y garantizar estándares de calidad más altos.

Como parte de la implementación de esta nueva política, el Ejecutivo adelantó que este nuevo modelo se utilizará a modo de plan piloto en el proceso de licitación correspondiente al penal de Calama, sentando las bases para el resto de la cartera de proyectos destinados a reducir el déficit de infraestructura penal en el país.