El Gobierno Regional del Biobío obtuvo un 100% en la evaluación general de transparencia activa realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), ubicándose en el primer lugar entre los 16 gobiernos regionales del país.

El puntaje consideró la publicación de información exigida regularmente por la Ley de Transparencia, como funcionarios y remuneraciones, compras, contratos, transferencias, presupuesto, auditorías y mecanismos de participación ciudadana.

De manera adicional, el informe revisó obligaciones específicas de transparencia presupuestaria exigidas por la Ley de Presupuestos 2026. En esta evaluación separada, el CPLT detectó que, si bien el GORE del Biobío cumple con publicar información sobre concursos públicos y proyectos adjudicados, así como los antecedentes remitidos por instituciones privadas que reciben transferencias superiores a 2.000 UTM, no cumple con publicar los informes exigidos sobre la ejecución de los recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, financiado mediante el royalty a la minería.

Por lo tanto, ambos resultados corresponden a ámbitos diferentes: el 100% refleja el cumplimiento de todas las materias incluidas en la evaluación general, mientras que la brecha sobre el royalty surge de una revisión adicional y específica sobre información presupuestaria.

“El primer lugar alcanzado por el Gobierno Regional del Biobío es una señal positiva, porque permite que las personas accedan a información relevante como remuneraciones, contratos, transferencias y presupuesto.

Sin embargo, obtener el máximo puntaje en la evaluación general de transparencia activa no reemplaza el deber de cumplir con las exigencias adicionales de transparencia presupuestaria.

La ciudadanía también tiene derecho a conocer de manera clara y oportuna la información sobre cómo se han gastado los recursos del royalty, que deben destinarse al desarrollo de su región”, afirmó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González.

El resultado en transparencia activa de Biobío representa un aumento de 9,4 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando había alcanzado un 90,6%. En materia presupuestaria, a nivel nacional solamente los gobiernos regionales de La Araucanía y Magallanes cumplen con las tres obligaciones presupuestarias específicas. Los otros 14 gobiernos regionales presentan información incompleta o no publican alguno de los antecedentes exigidos.

La fiscalización fue realizada durante febrero y marzo de 2026 mediante la revisión de los sitios electrónicos de los gobiernos regionales y de los registros disponibles en el Portal de Transparencia del Estado.

En la evaluación general, los GORE alcanzaron un promedio nacional de cumplimiento de transparencia activa de 92,27%, 16,2 puntos porcentuales más que en 2025 y el mejor resultado obtenido por el sector desde 2015.

El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en nuestro país.

Cuando detecta posibles infracciones, puede iniciar procedimientos sancionatorios y, tras el debido proceso, aplicar multas a las autoridades o funcionarios responsables cuando corresponda.